Como ya hemos comentado en otros artículos, España se ha preparado a conciencia para atacar el terrorismo, antes que ellos vuelvan a hacerlo o si lo hacen estar prevenidos y preparados para tomar la debida acción de acuerdo a la situación.
La Audiencia Nacional inició el juicio contra la célula yihadista que intentó atacar el Parlament en el año 2015, van a enjuiciar a 10 personas acusadas de integración y colaboración con Daesh. Los supuestos terroristas vigilaron lugares claves de Barcelona, con el propósito de hacer el mayor daño posible.
Esto viene desde el año 2004, desde ese tiempo que Madrid ha estado en la mira de los yihadistas, con los atentados del 11 de marzo de ese año. En el 2015 fue desarticulada esta célula yihadista y recién hoy empieza el juicio.
Para lograr sus objetivos, los yihadistas procedieron a vigilar lugares emblemáticos de Barcelona, iniciando tareas de «selección y vigilancia», de instituciones y lugares, como el Parlamento catalán o la comisaría de los Mossos de d´Esquadra, lugares que fotografiaron, según aclara la fiscalía en su escrito de acusación.
Los integrantes de la célula, instalados en la ciudad catalana de Terrasa, que se reunían frecuentemente, en el año 2014 lo empezaron a hacer con menor frecuencia debido a un aviso que les alertó que estaban siendo vigilados.
La operación Caronte, así llamada, en su investigación reveló la radicalidad de los supuestos yihadistas, cuatro de los cuales son españoles conversos, incluido el cabecilla Antonio Sáez Martínez, conocido como «Ali el peluquero». Se encontró un cuaderno con anotaciones en su domicilio donde decía: «he sido absorbido por la yihad mundial contra cruzados y judíos».
Antonio Sáez, que trabajaba en una peluquería en Barcelona, fue quien propuso a la red cometer un atentado en España. Pretendían crear un explosivo casero por el acceso que tenían a material bélico, como sucedió en el atentado del año 2017 a manos de la célula Alcanar.
Santiago Pedraz, juez investigador del caso, descubrió que los yihadistas querían secuestrar a una persona, vestirla con un mono naranja y degollarla en España, para difundir la acción a través de un video, al estilo de los terroristas del Daesh. Una idea que sólo quedó en el papel. También tenían como objetivo una sinagoga y una librería judía.
La Fiscalía piensa que la célula yihadista tenía una organización piramidal.
El Ministerio Público pide penas de entre 7 y 19 años de prisión para los acusados, por delitos de integración y colaboración con Daesh, grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI).
El Ministerio Público pide 19 años de prisión para los principales cabecillas, Sáez Martínez, Lahcen Zamzani y Rida Hazem, ambos de nacionalidad marroquí, por los presuntos delitos de integración y colaboración con organizaciones terroristas.
Para otros tres acusados, dos marroquíes y un brasileño, el fiscal solicita 10 años de cárcel, mientras que para otros cuatro, tres españoles y un marroquí, solicita 7 años.
El año pasado España expulsó a 28 terroristas que se encontraban en prisión, ocho de los cuales, todos marroquíes, habían sido condenados por delitos de esa naturaleza. Los 20 restantes son yihadistas, que tras su ingreso ahondaron en su radicalización o emprendieron labores de captación, motivo por el cual fueron deportados a sus países, por considerarlos una amenaza para la seguridad pública.
En el año 2016 fueron enviados a sus países 39 presos extranjeros, de los cuales siete habían ingresado a la cárcel por graves delitos de terrorismo «puro y duro».
Las expulsiones de todos ellos, forma parte de la inmensa maquinaria silenciosa puesta en marcha en España, para intentar evitar la comisión de atentados, lo cual significa que se emplean a decenas de miles de Policías y Guardias Civiles.
Fuente: abc.es
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