De acuerdo a cifras entregadas el año pasado sobre lo que el Ministerio de Defensa pagaría a la industria militar, esas cifras llegaban a 1.824,4 millones de euros para este año 2017, pero a la fecha han salido a la luz algunas irregularidades que analizaremos aquí.

Presupuesto militar en cuestionamiento

Este es un acuerdo tomado en diciembre pasado por el Consejo de Ministros, donde se reprograman las anualidades de 18 Programas Especiales de Armamento y cuya factura global asciende a casi 30.000 millones hasta el año 2030.

Se beneficiaron de este dinero empresas del sector de Defensa como Airbus, Navantia o Santa Bárbara, que son fabricantes del avión de transporte A400M, las fragatas F-100 o el carro de combate Leopardo, entre otros 15 programas de armamento.

El Tribunal Constitucional anula otro crédito a Defensa para comprar armas

Lo primero que se nos viene a la mente es la noticia de que el Ministerio de Defensa tenía previsto un presupuesto extra para este año, de un monto de 1.000 millones para los compromisos de seguridad y defensa, pero no fue aprobado por el Tribunal Constitucional, debido a que en dos sentencias fue declarado ilegal el recurso al decreto ley para esos pagos.

Teniendo este escenario, el Gobierno sólo tiene dos posibilidades: incluir esta partida en el presupuesto ordinario de Defensa o presentar un proyecto de ley que se tramite en paralelo. Cualquiera de las dos alternativas deberá superar la resistencia de Hacienda. Esta resistencia se debe a que habrá que realizar drásticos recortes para reducir el déficit del 4,6 al 3,1 del PIB y conseguir el apoyo del Congreso en su mayoría.

Incluir en el monto ordinario esta cifra extra, significaría que la partida de Defensa crezca en un solo año casi 33%, lo que resulta muy difícil de digerir por la opinión pública.

Todo esto ha llevado a que Defensa tenga que transparentar sus gastos, y aflore el gasto real, ya que hasta ahora sólo se sabía el gasto de los dos tercios del total.

Desde el año 2012 se han hecho pagos multimillonarios a la industria militar, 4.300 millones desde ese año, y fue el PP quien justificó el recurso al decreto ley para estos pagos. Ahora el mismo PP ha dejado pendiente la factura del año 2016 y la ha pasado al año 2017. Debido a esto las empresas podrían reclamar intereses de demora, con lo cual el Gobierno puede actuar y penalizar a quien corresponda.

Lo oscuro de este negocio facilita cualquier forma de compensación.

España paga de más en armamento

Existen muchas irregularidades en este ámbito, en las compras de armamentos, en los pagos, en los convenios y contratos, que hacen dudar al ciudadano común como al Gobierno. No existe una real fiscalización que aclare y sancione a las partes involucradas en estas faltas.

Algunos ejemplos de estas irregularidades:

Santa Bárbara ha recibido 18,8 millones de sobre financiamiento. Es una empresa privada, propiedad de EEUU, que recibe dinero del Gobierno a través del Ministerio de Defensa como si fuera una empresa pública.

Navantia no será penalizada por 31,7 millones porque se paralizaron los expedientes.
El Tribunal de Cuentas está extrañado por el convenio entre Defensa y el artillero público Navantia, que incluye un margen de beneficios entre el 4% y el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. Se alega un ánimo de lucro, siendo una empresa pública, supuestamente.

¿Qué piensas de estas irregularidades?