Tras los continuados escándalos en el mundo de la seguridad privada, donde los vigilantes han sufrido una importante merma de sus condiciones, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto. Por ello publicó en el BOE, el nuevo convenio de seguridad privada, que pretende mejorar las condiciones de los trabajadores a base de mejorar la contratación y aumentar los salarios, entre otras medidas.
El nuevo convenio de seguridad privada propone un aumento de salario para los vigilantes.
Hace ya más de un año comenzaba el periplo de la empresa de seguridad privada Marsegur –ahora Novosegur-. Un periplo marcado por la adquisición de la seguridad privada de varias instituciones del Ministerio de Defensa.
¿El escándalo? El ahorro de costes a base de tener a los vigilantes de seguridad en condiciones laborales muy alejadas de las idóneas.
En el año 2016 se produjo la adjudicación por parte del Gobierno del contrato de seguridad privada a Marsegur, empresa que gestionaría la seguridad de varias instituciones, además del Ministerio de Defensa tales como el Ayuntamiento capitalino, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias, y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros organismos públicos y privados. Su económico precio fue lo que hizo decantarse al Ministerio de Cospedal por esta opción, sin valorar las condiciones o quién conformaba su gestión. En este caso, la compañía estaba presidida por Miguel Ángel Ramírez, presidente el equipo de fútbol de la UD Las Palmas, y conocido por sus tejemanejes empresariales.
Las consecuencias de esta desacertada adjudicación por parte del Gobierno, han supuesto un detrimento de las condiciones laborales para los vigilantes, que se han visto obligados a secundar manifestaciones y hasta huelgas de hambre, para ganar terreno en sus derechos básicos como trabajadores.
Los vigilantes comenzaron hace dos años a reclamar un nuevo convenio de seguridad privada y la retirada de la adjudicación por parte del Gobierno a Marsegur, que se ha conseguido en el Metro de Madrid. Respecto al convenio de Seguridad Privada para mejorar sus condiciones, lleva tiempo discutiéndose por parte de sindicatos, administraciones e instituciones de seguridad privada tales como Aproser UGT, CCOO y USO sin llegar a un acuerdo claro.
Así, el pasado noviembre se publicó en el BOE un acuerdo momentáneo para tratar de soliviantar la situación, y aunque no supone el Convenio definitivo, sí que tendrá revisiones que prometen mejorar las condiciones de los vigilantes.
El convenio estatal de las empresas de seguridad (Código de convenio nº 99004615011982) tiene validez de actuación para el periodo 2017-2020. Durante estos tres años el convenio pretende alcanzar un incremento salarial del 2 por ciento interanual a partir de este año hasta 2020, en todos los conceptos, además de mejoras en los permisos y las subrogaciones. Este diferencial de mejora salarial de un 0,89%, se ha considerado por las organizaciones sindicales firmantes, como no significativo para los trabajadores.
La dificultad de llegar a un acuerdo, radicaba en alcanzar un equilibrio entre los intereses empresariales y sindicales. El tira y afloja de las empresas y sindicatos dejaba a los vigilantes fuera de juego con unas condiciones paupérrimas.
UGT, CCOO y USO son firmantes del Convenio, aunque no se muestran del todo conformes. Por otro lado, FES ( Federación Española Empresarial de Seguridad) ha decidido no firmar el convenio y mostrar su disconformidad con el mismo.
El motivo de este rechazo, en palabras de FES es debido « El acuerdo se efectuó aún con nuestro rechazo, dado que Aproser cuenta con la mayoría de representación entre las dos patronales, al estar legitimada para la firma ».
Y añade que «Es un mal convenio, que va a causar problemas a la mayoría de las empresas, que ya están en situaciones económicas deficitarias o con márgenes en su caso muy limitados. Tampoco va a solucionar el problema de los bajos costes, ni que algunas empresas acudan a otras alternativas legales para conseguir su subsistencia».
Las futuras revisiones serán llevadas a cabo por la Comisión Técnica, que presentará a la Mesa Negociadora para su debate y eventual incorporación al convenio colectivo los acuerdos alcanzados, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios y de las condiciones de trabajo, en el ámbito de la seguridad privada.
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