La importancia que tiene la Seguridad en todos los establecimientos o instituciones públicas y privadas es tan relevante, que se hace necesario darle un trato especial de parte de todos los involucrados. Según la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y Pública, ambas se complementan, no son antagonistas.

Proposición no de Ley presentada por el PSOE

El PSOE pide al Ministerio del Interior no renovar los contratos con empresas de Seguridad Privada para vigilar el exterior de los recintos penitenciarios, además, acusa al PP de favorecer en las contrataciones a un sector donde hay ex miembros del Gobierno y por lo mismo, hay más vigilantes que guardias civiles.

Debido a esto, registró una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno. Este partido político está pidiendo que la seguridad de los exteriores de las cárceles esté a cargo exclusivamente de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los socialistas han recordado que la privatización de estas tareas se inició en el año 2013,»bajo la excusa de recolocar a los trabajadores que habían venido prestando servicios de escolta a cargos públicos amenazados por ETA», lo cual no ha cumplido el Gobierno.

El Congreso ya se ha opuesto, en forma reiterada a esta privatización, sin tomar en cuenta el gasto que esto significa, de más de 115 millones de euros de las arcas públicas. Además el PSOE ha dicho, que se trata de un contrato absolutamente innecesario, ya que los vigilantes privados están cumpliendo labores duplicadas con respecto a Guardia Civil y Policía Nacional.

¿Seguridad con fines de lucro?

Según los socialistas, la única finalidad de esta privatización es «crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada» y beneficiar con «suculentos contratos» a sus propietarios y de lo cual no se benefician sus trabajadores. Por el contrario, los sueldos son ínfimos, en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.

Por lo mismo, denuncian que hay más vigilantes privados que agentes de la Guardia Civil.

Las cifras hablan por sí solas, en el año 2017  habían 76.806  guardias civiles, 8.474  menos de los previstos en catálogo y la Policía Nacional contaba con 78.138 efectivos en catálogo y sólo había 63.162 efectivos, incluyendo a los alumnos en práctica.

Frente a estos hechos, el PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a no renovar los contratos con empresas privadas para la vigilancia del exterior de las cárceles. En diciembre de 2017, finalizó la tercera fase del contrato de estos servicios de apoyo, pero el Ministerio del Interior ya avisó, antes de esa fecha, que mantendría los contratos hasta abril, y se abriría un nuevo concurso en mayo.

¿El Gobierno privilegia la seguridad privada a la pública?

Esto lo afirma el partido socialista, ya que dice que… «el PP tiene vinculaciones con empresarios del sector, que han ocupado cargos relevantes en el Gobierno, y es más, el PSOE le reprocha que apueste por este modelo que es más caro y problemático que el público. Esto se ha comprobado en otros países», según propias confesiones del partido.

Con todos estos argumentos, esperan que el Gobierno no siga adelante con estos contratos de empresas privadas para la seguridad del exterior de las cárceles. Y que por el contrario, se convoque para nuevas plazas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Para esta nota se ha utilizado información de: http://www.eldiario.es/politica/